El Partido Popular obtuvo mayoría absoluta en las últimas elecciones generales. El pueblo español le otorgó con sus votos la victoria, con objeto de que modificara la errática política del anterior gobierno, socialista, sobre todo en lo económico y lo relativo a la protección de la vida. No es pues de extrañar - a no ser que uno tenga mala fe - que el ejecutivo popular tenga previsto cambiar la ley del aborto, tal como prometió.
Lo que sí extraña, y mucho, es la actitud de ciertas personas del Partido Popular, en contra de esta Ley. Que la Oposición se oponga, en cierta manera es esperable (aunque no comprensible), pero que sean ciertos dirigentes populares los que hagan ahora oposición a su propio gobierno, raya en la esquizofrenia...
Conviene recordar el recurso interpuesto por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional sobre la fatal Ley Aído el 1 de junio de 2010, cuando afirmaba: «El aborto es algo malo para la mujer, y en cuanto que es malo no puede ser considerado un derecho ni como un método de planificación familiar». «Las mujeres abortan, en la mayoría de los casos, porque no se les ofrece otras alternativas».
Y quiero destacar las posturas incongruentes (antes y ahora) de Cristina Cifuentes, Delegada de Gobierno en Madrid, de Alberto Núñez Feijóo, Presidente la Xunta de Galicia y de José Antonio Monago, Presidente de la Junta de Extremadura,que - en contra de lo que dijeron antes de las elecciones - afirman decantarse por una ley que sea más permisiva para los que defienden al aborto.
La Ley Gallardón es una ley necesaria, en cuanto que lo que define una sociedad avanzada, civilizada, democrática y solidaria no es la muerte del inocente, sino la defensa del más débil y necesitado. Apoyo y animo al Ministro Gallardón a seguir adelante con la reforma anunciada y prometida. El miembro de su Partido o del Ejecutivo que no esté de acuerdo, debería tener un gesto de coherencia y honradez y dimitir, pues se presentó a las elecciones con este compromiso electoral.
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